Madrid, 15 de octubre de 2023. En un contexto de creciente escrutinio por parte de la Agencia Tributaria y de endurecimiento de las penas, el bufete especializado Olivera Méndez y Asociados ha lanzado una severa advertencia a empresas y particulares sobre los riesgos de incurrir en defraudación fiscal, una práctica cuyas consecuencias legales y reputacionales pueden ser devastadoras.
La firma, con más de tres décadas de experiencia en derecho tributario, subraya que la defraudación no se limita a la ocultación descarada de ingresos. "Existe una zona gris de prácticas que muchos consideran 'agresivas' pero que, ante los tribunales, pueden ser calificadas como delito", explicó la socia fundadora, Clara Olivera. Entre estas conductas de alto riesgo destacan la facturación falsa, la contabilidad dual, el uso indebido de sociedades instrumentales en paraísos fiscales sin sustancia económica real, y la omisión deliberada de activos en el extranjero.
Los expertos del bufete recuerdan que la reforma del Código Penal elevó las penas por delitos fiscales. Actualmente, defraudar más de 120.000 euros al año puede acarrear penas de prisión de uno a cinco años, multas de hasta el sextuplo del importe defraudado e inhabilitación profesional. Además, la Agencia Tributaria ha reforzado sus herramientas de análisis de datos y colaboración internacional, haciendo casi imposible ocultar operaciones complejas a largo plazo.
"El mensaje clave es la prevención", afirmó el socio director, Javier Méndez. "Antes de emprender cualquier estrategia fiscal, es imperativo buscar asesoramiento especializado e independiente. Lo que ahorras hoy en impuestos puede costarte la libertad, el patrimonio y el buen nombre mañana". El bufete recomienda especialmente la regularización voluntaria mediante los canales que la administración ofrece, como el plan de pagos fraccionados o la adhesión a programas de colaboración, que atenúan significativamente la responsabilidad penal.
Olivera Méndez y Asociados también alerta sobre la responsabilidad de los administradores de sociedades, quienes pueden ser declarados penalmente responsables incluso si el beneficio no fue para ellos de forma directa. La tendencia jurisprudencial es cada vez más estricta en este punto.
En conclusión, en un panorama fiscal donde la transparencia es la norma, la cautela y el cumplimiento estricto dejan de ser una opción para convertirse en la única vía segura. La advertencia de estos expertos es clara: el coste de defraudar al fisco supera, con creces, cualquier supuesto beneficio inmediato.
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